Dinamarca ha sido el primer país europeo que ha decidido llevar a cabo una investigación profunda y exhaustiva a más de mil jóvenes por compartir un vídeo sexual explícito de dos adolescentes a través de las redes sociales. La investigación ha acabado con condenas por delito, ¿es posible que suceda lo mismo en España? Si. Aquí lo explicamos. Es importante saber que difundir contenido privado es considerado delito aunque se haga con buenas intenciones y con el objetivo de denunciarlo.
La propagación de vídeos e imágenes de contenido sexual de personas muy jóvenes es un problema que no para de crecer y que, además, tendrá grandes repercusiones en el futuro ya no para los afectados -lo cual es lógico- sino para aquellos que se han encargado de difundir tal contenido: antecedentes penales y, en el caso de Dinamarca, la imposibilidad de optar a ciertas profesiones como policía o cualquier trabajo que esté relacionado con niños.
En España podría haber delitos similares. Hasta el 1 de julio de 2015 no era delito difundir imágenes (fotos o grabaciones audiovisuales) de carácter íntimo, siempre y cuando se hubiera accedido a ellas de forma lícita. Ahora el contenido, lícito o no, se propaga por redes sociales sin ningún tipo de limitación y el hecho en sí es considerado delito: “Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año (…) el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla, que hubiera obtenido con su anuencia (…) cuando la divulgación menoscabe gravemente su intimidad personal”, reza el Artículo 197.7 del Código Penal español.
Ya son varios los casos que, posteriores a la reforma del Código Penal, han llevado a menores frente a la justicia, aunque ninguno de ellos ha sido investigado tan a fondo como sucede en la actualidad en Dinamarca: el pasado enero, la Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha detenido a cinco menores en Logroño por distribuir, a través de la aplicación WhatsApp, un vídeo de alto contenido sexual, con imágenes de los abusos cometidos por un adulto sobre una persona joven.
El caso de La Rioja no es el único, ni mucho menos: hace solamente algunas semanas los Mossos d’Esquadra detenían en Nou Barris (Barcelona) a dos jóvenes de 18 y 17 años por haber difundido pornografía infantil. El contenido, el cual se compartió a través de WhatsApp, es un vídeo de aproximadamente 25 segundos en el que se observa a un hombre abusando sexualmente de un bebé de pocos meses. Uno de los integrantes del grupo en el que se compartió el vídeo denunció los hechos frente a los Mossos. Todos los que difundieron el material se enfrentan a penas de hasta 5 años.
Así se podría seguir con cientos de ejemplos no solo de los últimos meses, sino también de los últimos años. Xavier Ribas, abogado especializado en derecho digital explica que “cuando el contenido que se viraliza es una imagen íntima, un falso rumor o algún tipo de información privada puede provocarse un gran perjuicio y el ordenamiento jurídico contempla varias figuras mediante las que se puede llegar a castigar no solo a quien inicia la difusión sino a todo aquel que participa en ella”.
Los departamentos de policía en Estados Unidos advirtieron, hace algunas semanas, a los usuarios de Facebook que había un vídeo de abuso infantil circulando por la misma plataforma. Los departamentos explicaron que “difundir el contenido e incluso la visualización del mismo podría tener como resultado una pena grave que incluiría cargos por un delito de asalto a la intimidad”. La policía y las autoridades sin fines de lucro, además, advirtieron al público que compartir ese contenido no era legal, incluso si el propósito fuera supuestamente expresar indignación o ayudar a identificar al perpetrador.
El director ejecutivo de la plataforma puntualizó: “Si recibe este video a través de las redes sociales, informe o denúncielo y elimínelo inmediatamente. No lo comparta, ya que esto podría generar cargos criminales”. Facebook recientemente comenzó a implementar herramientas que permitan detectar vídeos con contenido pornográfico: se trata de un refuerzo de los moderadores, un equipo especializado de personas, que se encargará de revisar todo lo que los usuarios denuncien.
El problema de compartir el video es que cada vez que se comparte y se visualiza, la víctima queda expuesta a más vergüenza y victimización. No solo se genera un video viral sino también una víctima viral. Si hay personas que bien lo comparten con el intento de localizar al perpetrador, todavía se posee y se disemina la pornografía infantil, lo cual es considerado un delito muy grave.
En conclusión y, como en el resto de las nuevas tecnologías, los jóvenes y adolescentes tienen una gran facilidad para el uso de teléfonos móviles inteligentes, el problema radica en que no dan importancia a los riesgos que encierra para su seguridad su uso incontrolado. Desde la Policía Nacional, se aconseja a los padres cuidar aspectos como la orientación, apoyo y supervisión, para un mejor uso de estos aparatos y las nuevas tecnologías por parte de los menores, alertando de los riesgos y aconsejando cómo afrontarlos y evitarlos.